Irene Montero y Pablo Iglesias: ¿cómo encaja una pareja en un Gobierno?

En España no ha habido un hombre que haya puesto a su mujer, solo por ser su esposa, en un cargo de importancia en su gobierno. Sin embargo, también aquí hay dinastías políticas. En unas no hay mujeres, como es el caso de los Suárez Illana o los Cabanillas. En otras, ser parte de una saga ha facilitado que una mujer, con menos opciones en otros tiempos, diera el salto a la arena política. Fue el caso de Concepción Loring, Marquesa de la Rambla, quien por su posición y su padre, también político, Jorge Loring y Oyarzábal, diputado liberal, senador vitalicio y consejero de Canovas del Castillo, fue la primera fémina en pronunciar un discurso en las Cortes.

Lo que no se ha dado en la política española es el equivalente a una regencia: que una mujer entre en un puesto importante en lugar de su marido, algo que sí hizo Janet Jagan cuando tomó el relevo al presidente de Guyana Cheddi Jagan, tras su muerte en 1997. No solo lo hacen ellas: en Pakistán, tras el asesinato de Benazhir Bhutto fue su esposo, Asif Ali Zardari, quien sucedió a la presidenta.

Lo que sí ha habido y hay aquí es matrimonios políticos, el de Felipe González y Carmen Romero o José María Aznar y Ana Botella son dos ejemplos, pero aunque compartieron partido y ejercieron a la vez, nunca compartieron trabajo en el gobierno. Es lo que puede ocurrir ahora, si como se rumorea, Pablo Iglesias acaba siendo vicepresidente de Pedro Sánchez e Irene Montero, ministra de Igualdad o de Trabajo.

Los dos ocupan ya lugares de preeminencia en la misma formación política, Unidas Podemos, donde él es número 1 y ella la número 2. La falta de antecedentes complica aventurar qué situaciones puede plantear su coincidencia en las altas instancias del gobierno, pues es obvio que la vida privada se mezcla con la pública cuando una pareja comparte puesto de trabajo y este además, es tan peculiar como el de tomar decisiones sobre 47 millones de personas que pagan su sueldo.

Una baza y un flanco

En una de sus columnas en The New York Times, Susan Dominus bromeó con el estado civil de los políticos fijándose en la “ventaja” que suponía para gente como Michael Bloomberg no estar casado con su novia, Diane Taylor. De ese modo, decía la autora del texto, eran suficiente pareja para presentarla ante los votantes como baza electoral –en EEUU, un candidato soltero aún genera desconfianza–, pero a la vez,estaban suficientemente solteros, como para tener un affaire sin que compute como infidelidad.

Bromas aparte, lo que venía a resaltar Dominus es hasta qué punto puede ser un arma de doble filo la vida privada para un candidato, algo que sufrió en sus carnes la propia Taylor cuando se presentó a dirigir la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y se acusó a la Asociación Nacional del Rifle y al lobby del tabaco de estar detrás del rechazo a su candidatura. Ni una ni otra entidad eran enemigos de la experta en finanzas, sino de Bloomberg, su novio y entonces alcalde de Nueva York, quien había aprobado medidas antitabaco muy estrictas y había pedido leyes más severas contra la tenencia de armas.

El caso de Taylor y Bloomberg demuestra cómo puede afectar a los intereses de cada miembro de la pareja estar en un tajo parecido. En el caso de Montero e Iglesias no hay más que recordar cómo algunas fuentes de su partido pidieron que "se fueran los dos" cuando se dio a conocer la compra de su chalet. Ellos contribuyeron a reforzar la idea de "tándem" cuando plantearon su moción de confianza a las bases como una confirmación a los dos. Al ser propietarios los dos, el tema les competía a ambos, pero siendo pareja, a veces basta con atacar a uno para que el golpe les dé a ambos.

Parejas dinásticas

Según un estudio realizado por la profesora de Ciencias Políticas María Elena Martín sobre parejas en la política en Argentina, “las relaciones familiares constituyen un factor importante en la construcción de espacios de poder”. Es decir, también tiene ventajas. Un ejemplo son las citadas regencias presidenciales, que no son solo cosa de India o Pakistán, pues en Latinoamérica hay varios casos.

Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega había sido diputada antes de conocer a su marido, y pasó a ser primera dama cuando él accedió al cargo en 2007. Hoy, tras las elecciones de 2016 es vicepresidenta de un país que vuelve a dirigir Ortega. “Ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado”. Así se expresó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua Rafael Solís cuando renunció a su cargo a inicios de este año en protesta por lo que consideró un caso claro de nepotismo.

Ambos fueron elegidos en las urnas, pero la democracia no es solo la elección, sino todo el proceso, también el de conformar las listas. Luego está el reparto de cargos, que aunque no sea ilegal compartirlos con la pareja, quizá sea convenientes por transparencia hacerlo con otro compañero o compañera de partido.

La apelación a "monarquía" que hizo el juez nicaragüense no era nueva: cuando anunciaron su candidatura conjunta algunos analistas hablaron de la creación de "un sistema dinástico". Tampoco se da solo en ese país. Tambié se criticó en su día cuando Cristina Fernández sucedió a su esposo, Néstor Kirschner, al frente del partido y de la presidencia de Argentina. Ese sistema no funciona solo entre parejas, pues algo parecido es lo que se le afea a Donald Trump cuando coloca a su yerno y a su hija en puestos de confianza donde despachan asuntos al más alto nivel. El agravante es que en su caso, además de no pasar por las urnas, Ivanka Trump no se ha formado, ni militado, ni mostrado ninguna capacidad previa para asumir tareas como la de acudir a cumbres de jefes de Estado.

No es una empresa, pero…

Si los gobiernos fueran empresas habría menos dudas sobre la inconvenciencia de que miembros de la misma familia, parejas o no, formen parte del mismo equipo laboral. En España no existe, como en EEUU, una ley que permita a una compañía despedir a nadie por tener una relación en el puesto de trabajo al considerarse el estado civil un asunto privado, pero sí pueden tomar medidas si esa relación afecta al desempeño de su labor. Y esa es la cuestión principal en este asunto: ¿quién controla a quienes trabajan en la parte más alta de la cadena de mando? ¿Se fiscaliza igual a un compañero que al marido, al hijo o la esposa?

Que Podemos se originó en un entorno de amistades y relaciones personales muy estrechas no es un secreto. Tampoco que para muchos de sus miembros lo personal es político: por ejemplo, la conciliación, como demuestra que Iglesias dijera de sí mismo que ser padre le haría mejor presidente o que Montero llevara a uno de sus bebés al debate político entre mujeres que se celebró en laselecciones generales del pasado 10 de noviembre. Está por ver hasta qué punto se tocarán esos ámbitos si, como todos aseguran, ambos acaban teniendo cartera en el Gobierno de Sánchez.

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