Don Juan Carlos podría ser juzgado por acoso a Corinna tras negarle la inmunidad

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    La Justicia británica ha dictaminado que el rey Juan Carlos I no goza de la inmunidad ni protección especial en su territorio que impida que sea juzgado por la demanda de acoso presentada por Corinna Larsen al considerar que ha perdido sus beneficios constitucionales de inviolabilidad. De esta forma, el padre de Felipe VI podría tener que rendir cuentas ante el tribunal británico por los delitos cometidos tras su abdicación en junio de 2014 como cualquier otro ciudadano.

    Al parecer, el magistrado londinense Matthew Nicklin considera que el rey emérito perdió los beneficios constitucionales de inviolabilidad de los que gozaba en el momento en el que abdicó del trono. Hasta ahora, los abogados del monarca habían intentado recurrir a su inmunidad para intentar evitar que fuese juzgado por la demanda de acoso interpuesta por Corinna, unos argumentos que no han valido a la Justicia británica.

    Durante la vista oral que se celebró en el Tribunal Superior de Londres, el abogado de Juan Carlos I, Daniel Bethelehem, recalcó que el monarca seguía conservando su inmunidad al tener su título de rey emérito y ser miembro de la Casas Real. Por su parte, el abogado de Corinna, James Lewis, defendió que el ex monarca perdió sus privilegios tras su abdicación y su retirada de la vida pública cinco años después, recalcando que en España tampoco cuenta ya con inmunidad, recayendo este beneficio en el rey Felipe VI.

    En la demanda presentada por Corinna, la empresaria acusa al abuelo de la princesa Leonor de «hostigamiento contra ella», por lo que pide una orden de alejamiento contra el ex monarca y cualquier miembro del CNI de al menos 150 metros. La que fuese amiga del rey emérito ha señalado que ha estado sometida a un «acoso intensivo», asegurando que estuvo vigilada por los servicios secretos españoles. Una querella por la que ahora podrá ser juzgado en Reino Unido mientras en España se empieza a hablar de su regreso de Abu Dhabi después de que la Fiscalía archivase las irregularidades del rey Juan Carlos I.

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