González, Aznar, Zapatero y Rajoy: ¿dónde están los expresidentes en la crisis sanitaria?

Cuando el Gobierno de Barack Obama mató a Osama Bin Laden invitó a George W. Bush a una ceremonia en la zona cero del 11-S para conmemorarlo. El exmandatario declinó la oferta sin dar explicaciones, pero los analistas coincidieron en que no quería ser el presidente incapaz de haber acabado con el enemigo haciéndose una foto con el que lo había logrado y las críticas a Bush fueron todas en el mismo sentido: ni se hace política, ni se piensa en la propia imagen ante un acontecimiento de ese calado. A pesar de que en otras ocasiones se mostraron un respeto institucional más que cordial, esa vez se le afeó al político republicano su falta de empatía: su presencia habría sido un confort para las víctimas, pero también para el presidente en el cargo porque, ¿quién mejor que quien ha pasado por lo mismo que tú para entenderte?

Vanity Fair ha querido saber dónde están los expresidentes españoles y cuál debería ser su papel en la situación más grave por la que ha pasado el país desde la Guerra Civil y “mucho peor”, según la OMS, que la última crisis económica.

Los días previos a decretarse el estado de alarma, José María Aznar participaba en Guatemala en Foro Libertad y Desarollo para hablar de las ventajas de una integración económica en Centroamérica junto a ex mandatarios como Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Felipe Calderón (México) y Mauricio Macri (Argentina). De regreso a España, se desplazó en coche hasta Marbella con su esposa, Ana Botella, cuando muchos españoles ya habían sido enviados a sus casas por el coronavirus. Esta revista le ha preguntado si ha sido reclamado por el presidente, Pedro Sánchez para pedirle consejo o apoyo o si él, en calidad de antecesor en el cargo, se ha ofrecido. No ha habido respuesta.

Su estatus de expresidente ampara ese silencio. Cuando se aprobó la Ley de Transparencia en 2015 se concluyó que las agendas de los antiguos líderes serían privadas y que no tenían obligación de declarar lo que ganaban en empresas en las que prestaran sus servicios. De ese modo, quedaron exentos de la transparencia que se exige a los altos cargos en ejercicio.

Desde el entorno de Mariano Rajoy confirman que nadie desde Moncloa lo ha llamado y desde allí, informan de que solo José Luis Rodríguez Zapatero se ha ofrecido a colaborar en la crisis del Covid-19, aunque de momento, el Ejecutivo tampoco ha hecho uso de esa mano tendida. Es importante señalar que la ayuda es un camino de dos sentidos: se puede ofrecer y se puede pedir y por eso, la profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia María Josefa Ridaura, insiste en que sería inteligente que el actual presidente la reclamara. “Es aprovechar el conocimiento y la experiencia de personas que aunque no se han enfrentado a una situación de esta naturaleza, sí que lo han hecho, en repetidas ocasiones, a problemas de gran envergadura como el terrorismo”.

La experta explica que el papel de los expresidentes se ha materializado con "el reconocimiento de una serie de prerrogativas, de la puesta a su disposición de medios materiales y personales, así como del reconocimiento de una serie de derechos”, pero no se les ha exigido ninguna responsabilidad institucional. Efectivamente, la norma que los regula es un decreto de la etapa de Felipe González en el que les reconoce una pensión vitalicia, chófer, oficina y el tratamiento de presidente de por vida. Se amplió en 1992 y en 2008, Zapatero añadió esto: que, en caso de fallecimiento, las parejas de los ex presidentes dispongan de coche oficial y protección, si el Ministerio del Interior lo estimara necesario.

En ninguna de esas ampliaciones se incluyeron tareas u obligaciones, por eso explica Ridaura la necesidad de que sea una ley y no un decreto lo que regule su figura. También señala que, en ese sentido, las Comunidades Autónomas son más exigentes y pone el ejemplo de Extremadura: “La Ley extremeña es la única que contempla que los ex presidentes estén a disposición de la Asamblea de Extremadura y de la Junta, cuando sean requeridos para una misión institucional, alguna acción concreta o actividad que redunde en beneficio de la Comunidad Autónoma”.

¿Qué pasa en otros países?

Una opción que tienen los ex mandatarios en España es formar parte del Consejo de Estado, órgano en el que pueden ejercer tareas consultivas. De ese modo se aprovecha su bagaje, pero participar en él y cobrar los 75.000 euros anuales que conlleva el puesto es incompatible con trabajar en la empresa privada, donde los honorarios que cobran quienes han pasado por lo más alto de la Administración Pública doblan esa cantidad en el peor de los casos. De los ex presidentes vivos españoles, solo Zapatero forma parte de ese Consejo.

Según indica en un trabajo de Derecho Comparado Daniel Casal Oubiña, de la Universidad Carlos III de Madrid, el papel de los ex presidentes en Canadá, Francia, Alemania, Estados Unidos o Inglaterra lo determina el sistema político. En Reino Unido, hasta 1997 pasaban a ser parte de la Cámara de los Lores y de ese modo, aportaban el conocimiento adquirido a las nuevas generaciones de políticos. Pero eso acabó en 1997 y por eso ex primeros ministros como Tony Blair o John Major trabajan para grandes empresas y no se les ve el pelo por las instituciones británicas. En Francia, ponen su experiencia a disposición del Estado para asesorar y controlar que las acciones de las instituciones se adecúen a la ley. “No sería como nuestro Consejo de Estado”, matiza Ridaura, que añade que su labor se desarrolla en un órgano más parecido a nuestro Tribunal Constitucional.

Portugal es el caso más parecido a España, pero allí la pertenencia al Consejo de Estado no está remunerada y no es incompatible con otras funciones privadas. Y EEUU, cuenta desde 1958 con la Ley de Ex Presidentes, que establece la conservación del título de por vida, una pensión con cargo a los presupuestos federales y los dota de una oficina, personal y una cantidad de dinero para sus viajes y los de sus esposas.

Sobre sus tareas, tampoco EEUU cuenta con una legislación específica, pero es más habitual que asuman algunas responsabilidades por decisión propia. La política exterior es una de las actividades favoritas de los ex mandatarios estadounidenses, pero también los presidentes en ejercicio recurren a veces a sus antecesores en momentos clave. Fue el caso del demócrata Jimmy Carter, que cuando en 1978 necesitó apoyo de los republicanos para aprobar la construcción del Canal de Panamá, llamó al ex presidente Gerald Ford, que le prestó ayuda para convencer a los suyos.

Sin un modelo

Pero en España no hay un Carter. Un político que tuvo luces y no pocas sombras en el ejercicio de su cargo pero que como expresidente está considerado por analistas como Alex J. Douville, del Centro de Estudios de la Presidencia, el primer ex bully, es decir, el primero en dejar de lado la contienda electoral o partidista y ejercer como una especie de faro para su país, sea quien sea quien lo gobierne. “Carter sería una solución extraordinaria pero supondría un grado de madurez que en España no tenemos”, opina la experta en Derecho Constitucional que reconoce que la polarización política provoca “que aquí reconozcamos poco la proyección de los expresidentes, ni siquiera en cuestiones de Estado que deberían estar por encima de las ideologías”.

Esa polarización se ha reflejado estos días en las sesiones de control al Gobierno. Una de las funciones de la oposición es fiscalizar a los que mandan y la lealtad institucional no implica aparcarla. Pero el momento requiere adaptar el tono y la intensidad a unas circunstancias que se miden en muertos: más de 10.000 fallecidos en el momento de acabar este artículo. “Lo normal es que el presidente y el jefe de la oposición [Pablo Casado] fueran capaces de tener un punto en común, haberse hecho una foto y afrontar el reto conjuntamente”, explica Joan Navarro, sociólogo y socio vicepresidente de Llorente y Cuenca.

La polarización es tal, que existe incluso dentro de los partidos. No hay más que observa el papel de Felipe González como ex en relación a Pedro Sánchez, a quien privó de la legitimidad que da que el antecesor reconozca al que entra en el cargo. Y los dos son del PSOE. El mismo político que se quejó hace unos años de que se sentía “como un jarrón chino” –vistoso y valioso pero siempre con la sensación de estar molestando– en su condición de ex presidente, ha salido a la palestra en plena crisis para dar su aprobación a las medidas del Gobierno con una coletilla poco amistosa: no las están comunicando bien. Nadie en Moncloa lo espera en esta crisis.

En el PP no esdistinto. Los desplantes de Aznar a Rajoy están recientes. Y cada vez que el primero hace amago de volver o reaparece en los titulares y entre sus filas vuelven palabras como “familias”, “división” o “nerviosismo”. Por eso cuesta ver a estos líderes como ejemplos de unidad o proveedores de confort, cosas que se está pidiendo hoy a la ciudadanía para superar la pandemia.

Herramientas desaprovechadas

Contestan a la prensa cuando quieren, pero cada vez que quieren decir algo González, Aznar, Rajoy o Zapatero tienen siempre un micro disponible. La atención de los medios es una de las ventajas con las que cuentan y se derivan de su paso por el poder. Esa una herramienta que les da una capacidad de influir que a juicio de Thomas F. Schaller y Thomas W. Williams –en un artículo del año 2000 titulado “The Contemporary Presidency: Postpresidential Influence in the Postmodern Era” (“La presidencia contemporánea: influencia pospresidencial en la era posmoderna”) – no aprovechan para el bien común.

Ambos apuntan a que los medios de comunicación, y especialmente las redes sociales, no solo han cambiado el papel de los presidentes en ejercicio, también el de los ex, que tienen a su alcance múltiples vías para enriquecer el debate público y apoyar causas de Estado. Resulta aún más chocante su falta de implicación cuando se observa la edad a la que acaban su tarea gubernamental. Los españoles no han llegado a ancianos en el cargo, ni han fallecido en él como algunos estadounidenses, con lo que su vida útil es muy larga tras dejar la presidencia. Es uno de los motivos por los que en Latinoamérica vuelven tantos a la política activa. Así lo recoge Javier Corrales en la revista Latin American Politics and Society poniendo como ejemplo a Cristina Fernández, ex presidenta de Argentina que se presentó a las últimas elecciones como vicepresidenta del candidato Alberto Fernández y salieron ambos elegidos. Para el politólogo, eso demuestra, entre otras cosas, que el votante prefiere lo conocido, algo que el candidato sabe, como sabe que su celebridad es superior a la que cualquier rival que se presente de nuevas.

Navarro incide en que en ese sentido, al no limitar el número de mandatos España sigue el modelo latinoamericano, pero a la hora de regular la figura de los ex presidentes, lo ideal sería seguir el anglosajón. “Es el que viene a decirles ‘contribuyan ustedes a crear constitucionalidad y a mantener el valor de la presidencia’”. Pero eso en España no sucede y por eso el analista cree que "esta crisis ha puesto de manifiesto que no hemos resuelto este asunto, así como la falta de tendencia de los presidentes a contar con sus antecesores”.

Canalizar la celebridad perdida

En las democracias avanzadas, un expresidente pierde parte de su libertad de expresión. Como explica Navarro, al seguir siendo una figura institucional, su margen de maniobra está limitado pues cualquier cosa que diga –especialmente fuera de su país– es como si la dijera en nombre de su país. En ese sentido, son parecidos a la figura del rey en España, que no puede hacer ninguna declaración sin consensuarla con el Gobierno.

Al no haber una ley que regule sus obligaciones, en España eso no pasa. Y por eso Aznar en Ocho años de Gobierno: una visión personal de España, libro que publicó tras su mandato, repite en varias ocasiones que nadie le va a quitar su derecho a la libertad de expresión. “Como tengo una vocación pública muy acentuada y que ya va siendo antigua, me considero además en la obligación de expresar mi concepción de los asuntos públicos que atañen a mi país”. También aseguraba que seguiría contribuyendo a que España tuviera un futuro que él consideraba había colaborado a construir: “Nunca me perdonaría no hacerlo desde el lugar en el que me toque estar”.

Reinventarse

Está más que estudiado que a todo presidente le cuesta abandonar el poder. Por más que lo esté deseando, el cambio es brusco y difícil de encajar y es uno de los motivos, no solo es económico, que los lleva a aceptar otras tareas que les proporcionan más vidilla que formar parte del Consejo de Estado. Aprovechar su influencia podría ser una buena manera, sobre todo en un momento como este en el que arrimar el hombro es lo que se nos exige a todos. Pero como explica otra politóloga, Irina Berenky, en el camino que eligen tras abandonar el cargo influye mucho la ambición personal y cuál es la tarea principal que se han marcado. Y añade, con razón y con malicia, que algunos están tan ocupados en restaurar su imagen o reescribir la historia de su mandato que dedican la mayor parte de su tiempo a preparar sus memorias o dar conferencias para lograrlo.

“La sociedad también debería tener un grado de madurez suficiente para encajar su presencia”, reconoce Ridaura, pues la polarización no se da solo en los partidos y hay quien puede interpretar la aparición de los ex presidentes como una afrenta. En España, la única ocasión para la que se reúnen es para celebrar la Constitución. Ni siquiera en el 11M se pudo tomar una foto de todos juntos, algo que sí ocurrió en EEUU con los atentados de las Torres Gemelas. Después de casi un mes de crisis, ¿sería conveniente que se mostraran ahora? Ridaura cree que si lo hacen, debería ser solo “a título consultivo y con prudencia, no entrando debates políticos que pudieran generar confusión”. Navarro, que ya en 2015 mostró sus inquietudes sobre su papel cuando se aprobó la Ley de Transparencia, es más tajante: “Ahora es tarde y generarían más alarma si comparecieran”.

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